LA CONFEDERACION SINDICAL INTERNACIONAL, CSI,  PRESENTO EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACION LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS SINDICALES EN EL MUNDO, EL MIERCOLES 09 DE JUNIO DE 2009 EN LA SEDE DE NACIONES UNIDAS EN GINEBRA

En relación al caso de Costa Rica, el informe indica que la situación sindical continúa desmejorando, se ve amenazado el derecho fundamental de negociar convenciones colectivas de trabajo. Agrega que el 25 de marzo, el Presidente Óscar Arias rindió homenaje a Alberto Martèn, padre del solidarismo, y anunció su intención de dar rango constitucional a dicho movimiento. Para la CSI el solidarismo es un movimiento costarricense con un enfoque clientelista y paternalista de la negociación colectiva, que se opone permanentemente a la creación de verdaderas organizaciones sindicales libres e independientes. La legislación no fomenta las actividades sindicales.

El informe señala que a pesar de que los derechos sindicales básicos estén garantizados y los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a unirse a un sindicato de su elección sin previa autorización.  no se ha establecido ninguna fecha límite para que las autoridades administrativas tomen una decisión con respecto al registro de sindicatos, y además los extranjeros no pueden ocupar cargos ni puestos de autoridad en organizaciones sindicales, y que aún cuando las acciones antisindicales están prohibidas, las sanciones y los procedimientos de reparación son lentos e ineficaces, y se puede tardar cuatro años en obtener una decisión clara.
Para la CSI, el derecho a la negociación colectiva está reconocido en la Constitución, pero los empleadores también pueden concluir acuerdos directos con trabajadores no sindicalizados, incluso en lugares donde exista una organización sindical y por otro lado, tras las quejas presentadas por las autoridades públicas o los partidos políticos, la Corte Suprema ha declarado inconstitucionales muchas de las cláusulas de los convenios colectivos en el sector público.
Por último, para llevar a cabo una huelga legal, al menos el 60% de las personas del lugar de trabajo deberán aprobarla. La lista de los servicios esenciales sobrepasa la definición de la OIT.
Con respecto a los derechos sindicales en la práctica y violaciones en el año 2009, el informe señala que el Gobierno estableció el denominado Plan Escudo contra la crisis económica, que contiene iniciativas para flexibilizar la jornada laboral. Los sindicatos consideran que en realidad traslada los efectos de la crisis económica a los trabajadores y trabajadoras. La dirigencia considera que el plan es  un atropello contra la clase trabajadora, y afirman  que no puede reactivarse la economía reduciendo los salarios de los trabajadores.
En torno a las estrategias antisindicales, libertad de despido y flexibilidad laboral, la CSI  indicó  que los sindicatos se vienen quejando desde hace tiempo de que los empleadores del sector privado se niegan a reconocerlos y despiden a los trabajadores/as que tratan de afiliarse a un sindicato. La libertad de despido, legalmente reconocida, facilita esta estrategia empresarial y se convierte en el principal obstáculo para la formación de nuevos sindicatos en el sector privado, pues cualquier intento de organización pone en peligro de inmediato el puesto de trabajo. Por otro lado, las formas de contratación "flexibilizadas" impiden de hecho cualquier intento organizativo.
El Informe hace referencia también relativos a la complicidad de autoridades en los procedimientos lentos e ineficaces y señala que el  comportamiento antisindical de las empresas, aunque ilegal, es tolerado por las autoridades, y las sanciones no son lo suficientemente estrictas como para resultar disuasivas. Dada la complejidad de los procedimientos, obtener la reintegración de trabajadores que han sido injustamente despedidos lleva un promedio de tres años, tiempo suficientemente largo como para terminar con el sindicato. El tiempo necesario para que la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo (DNIT) dicte la resolución mediante la cual se declara una violación generalmente excede el período máximo de dos meses previsto por el Tribunal Constitucional. Y cuando se llega a emprender un juicio, alcanzar un veredicto puede llevar varios años.
La CSI externó que la negociación colectiva prácticamente no existe en el sector privado. En dicho sector, la negociación colectiva está reducida a su mínima expresión, en contrapartida, se da un elevado número de "arreglos directos" con trabajadores/as no sindicalizados que se constituyen en "comités permanentes de trabajadores", facilitados por la legislación que permite la constitución de estos comités con tres o más trabajadores/as, mientras que para establecer un sindicato se precisa de un número mínimo de 12 trabajadores/as, y de una tercera parte de la planilla de la empresa afiliada al sindicato para poder negociar. Los sindicatos han denunciado que la mayoría de los "arreglos directos" son promovidos por los propios empleadores y el Ministerio de Trabajo para impedir la constitución de sindicatos y favorecer el solidarismo.
Refiriéndose a zonas francas industriales (ZFI), expresa que la misma no existen sindicato y  aclara que  los pocos trabajadores/as sindicalizados en las  también se ven confrontados al hostigamiento y al despido injustificado. La proporción de un inspector laboral para un importante número de trabajadores/as sigue siendo insuficiente para tramitar la cantidad de despidos injustificados. La organización sindical en estas zonas es prácticamente inexistente.
En relación la persecución sindical, el informe señala que  la Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros (INS) de Costa Rica decretó el despido de Luis Salas Sarkis, Secretario General de la Unión del Personal del INS (UPINS), quien a su vez es Secretario General de la Central General de Trabajadores (CGT). Este despido se produjo como represalia por su inflexible lucha contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, y contra la apertura y privatización del mercado de los seguros, en defensa de la Seguridad Social, de las convenciones colectivas, y de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras del INS.
El informe también señala el hostigamiento sindical en proveedora de la compañía Del Monte e indica que  En Piñales de Santa Clara S.A., empresa proveedora de piñas para la multinacional Del Monte, se registra una situación de permanente hostigamiento a los afiliados al Sindicato de Trabajadores Agrícolas, Ganaderos y Anexos de Heredia (SITAGAH) por diferentes medios, como por ejemplo el deterioro de las condiciones laborales y salariales, el despedido de numerosos trabajadores en 2008 y enero de 2009, además de desarrollarse estrategias destinadas a desprestigiar a los sindicatos, como la proyección de vídeos con alusiones antisindicales, también se refiere al despido en Consorcio de Información y Seguridad por crear un sindicato expresando que varios vigilantes privados pertenecientes a la empresa Consorcio de Información y Seguridad, cansados de sufrir violaciones constantes a sus derechos, decidieron en mayo establecer un sindicato y a  pesar de que se cumplieron todos los trámites para la inscripción del sindicato de acuerdo a la normativa vigente, la empresa violó dichas disposiciones y procedió al despido de varios de los promotores del sindicato, argumentando una “reestructuración de personal”. Todos los despedidos estaban afiliados al recién creado sindicato, incluyendo a cuatro miembros de su junta directiva.
La CSI indica la existencia de una sistemática falta de protección de los derechos sindicales, y externa que en la práctica, el ejercicio efectivo de los derechos sindicales está muy entorpecido. Sostiene que en el sector privado, los sindicatos son prácticamente inexistentes, debido a una perversa combinación de estrategias antisindicales, indiferencia estatal y la promoción del solidarismo (las asociaciones solidaristas, apoyadas por el empleador, se establecen para actuar como barrera para impedir la formación de sindicatos dentro de la empresa), junto a una campaña mediática permanente. Son continuas las denuncias ante el Ministerio de Trabajo por persecución sindical. Por otro lado, los sindicatos del sector público son blanco de una campaña incesante de deslegitimación por parte del Gobierno, las cámaras empresariales y los medios de comunicación.
Finalmente el informe reafirma que, ante esta situación no existe ningún mecanismo de promoción del derecho a la libertad sindical por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Por el contrario, el MTSS promociona un sistema "alternativo" al sindicato que limita la autoridad y autonomía de los trabajadores/as y cuestiona instrumentos sindicales reconocidos internacionalmente, como la negociación colectiva y el derecho a la huelga. Y agrega que la protesta social está siendo criminalizada